El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), aplicó un bloqueo definitivo a los activos y operaciones de más de 12 personas, un establecimiento de comida y una firma de seguridad privada ligados a las redes de tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa. La ofensiva financiera se ejecutó en colaboración con la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Los objetivos clave de la OFAC
La lista de sancionados incluye perfiles dedicados tanto al trasiego como al blanqueo de capitales:
- Jesús González Peñuelas (“Chuy González”): Prófugo de la justicia por quien el Departamento de Estado mantiene una recompensa de 5 millones de dólares desde 2024.
- Armando de Jesús Ojeda Avilés: Señalado por operar esquemas de lavado de dinero proveniente del fentanilo.
- Alfredo Orozco Romero: Empresario vinculado a la organización; sus propiedades, incluyendo el restaurante Gorditas Chiwas en Chihuahua y una agencia de seguridad, quedaron congeladas para cualquier transacción con el sistema financiero estadounidense.
El contexto binacional
La estrategia responde a la política de la administración de Donald Trump, que desde 2025 catalogó al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista. Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que estas acciones buscan desmantelar las cadenas de suministro que introducen el opioide sintético a territorio norteamericano.
De acuerdo con registros oficiales, aunque el fentanilo sigue siendo la sustancia más crítica en la crisis de sobredosis en EE. UU. —con una letalidad potencial de apenas 2 miligramos—, las muertes asociadas registraron un leve descenso cercano al 3% en el último periodo anual reportado, rompiendo una tendencia al alza que venía arrastrándose desde 1999. Las investigaciones apuntan a que los precursores químicos provienen principalmente de empresas en China que emplean identidades falsas para evadir los controles aduaneros hacia México.
