Por Redacción, Junio 30, 2026
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un golpe financiero al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a una red transfronteriza dedicada al contrabando y robo de combustible. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, este esquema generaba cientos de millones de dólares anuales a la organización criminal a través de la evasión de impuestos y la falsificación de documentos aduaneros.
La ofensiva, coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), incluyó la designación directa de dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas fantasma utilizadas para blanquear el dinero.
Radiografía del “Huachicol” Binacional
La investigación revela que el CJNG ha dejado de depender exclusivamente del narcotráfico tradicional, diversificando sus ingresos mediante una compleja operación que abarca ambos lados de la frontera:
- Robo local: Extracción ilegal de hidrocarburos a Pemex mediante tomas clandestinas y esquemas de corrupción.
- Tráfico de crudo: Envío de petróleo robado desde México hacia territorio estadounidense.
- Huachicol fiscal: Contrabando de gasolina y diésel desde EE. UU. hacia México, falsificando pedimentos para no pagar los aranceles correspondientes.
Se calcula que entre el 25% y el 33% del combustible que se comercializa actualmente en México tiene un origen ilícito.
Lavado de dinero con sello corporativo
El reporte de inteligencia financiera destaca que las transacciones sospechosas vinculadas a esta red superaron los 7,000 millones de dólares en un solo año, concentrándose principalmente en Texas y Florida, con nodos operativos en ciudades fronterizas como Brownsville, McAllen, Eagle Pass y Mission.
Para ingresar las ganancias al sistema legal, el cártel utilizaba dos mecanismos:
- Transferencias y criptoactivos: Pagos digitales o bancarios directos a distribuidoras de combustible cómplices en EE. UU. mediante empresas fachada.
- Estructuración en efectivo: Inyección de dinero físico proveniente de la venta de drogas en cuentas de distribuidores norteamericanos para simular operaciones legítimas.
Las ganancias finales eran ocultadas mediante el lavado de dinero basado en el comercio, adquiriendo bienes raíces, vehículos de gama alta, joyería fina y rentas vacacionales de lujo.
En este operativo conjunto participaron agencias como la DEA, el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y, por la parte mexicana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
