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Inicia consulta nacional para la Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos

Por Redacción, Junio 29, 2026

En un paso clave para el reconocimiento de las comunidades originarias del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la propuesta de iniciativa de la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, marcando el inicio de una consulta ciudadana sin precedentes que busca otorgarles plena personalidad jurídica.

El proyecto, estructurado en disposiciones preliminares, ocho libros y un régimen transitorio, tiene como eje central consolidar a estas comunidades como sujetos de derecho público con patrimonio propio. Con esto, se busca garantizar de manera efectiva su libre determinación y el control de sus recursos.

Una consulta vigilada internacionalmente

Para robustecer la propuesta, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, anunció el arranque de un proceso de consulta que recopilará propuestas y planteamientos de los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano del país, impactando directamente a las más de 16 mil comunidades inscritas en el Catálogo Nacional (CANAPIA).

Para asegurar la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el proceso contará con el acompañamiento y vigilancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como de observadores nacionales e internacionales.

Calendario y ruta legislativa

El proceso formal ya está en marcha tras la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las etapas clave se distribuirán de la siguiente manera:

  • Fase Informativa: Difusión de los contenidos de la propuesta a las comunidades.
  • Fase Deliberativa: Mesas de análisis y discusión interna del 7 de agosto al 13 de septiembre.
  • Ruta del Congreso: Se proyecta que el documento final y enriquecido sea entregado a la Cámara de Diputados el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, para dar inicio a su debate y posterior aprobación.

Con este marco legal, el Gobierno Federal busca saldar una deuda histórica de reconocimiento jurídico y autonomía con los pueblos originarios y el sector afromexicano de la nación.

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