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Sheinbaum minimiza impacto político tras la entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EE. UU.

Por Redacción, Mayo 18, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la entrega voluntaria a la justicia estadounidense de dos excolaboradores del gobierno de Sinaloa no representa ningún riesgo institucional ni político para su administración o para Morena.

Los exfuncionarios implicados son:

  • Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública estatal (2023-2024), investigado por presunta protección a la facción de Los Chapitos.
  • Enrique Alfonso Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas exclusivas del Ejército tras ser retenido inicialmente en Europa.

“No veo ningún riesgo, ninguno. Fue decisión propia entregarse y no hay ningún riesgo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Arremete contra el “viejo régimen” y defiende soberanía

Ante las críticas de la oposición y columnistas que acusan a su partido de mantener un “narcogobierno”, Sheinbaum Pardo fue tajante al señalar que dichos cuestionamientos provienen de “las plumas del viejo régimen” que añoran el modelo económico del pasado.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo aclaró que su gobierno no encubrirá a nadie, pero aprovechó para lanzar un fuerte llamado a las autoridades de Estados Unidos, exigiéndoles corresponsabilidad en la crisis de seguridad.

  • El reclamo: La mandataria instó a Washington a frenar el consumo interno de drogas y detener el flujo ilegal de armas de fuego que entran a territorio mexicano desde el norte.
  • La postura: “Primero que nada es la soberanía”, sentenció, reiterando que el combate a la delincuencia se hará sin subordinaciones.

Una investigación de largo alcance

Ambos exmiembros del gabinete del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, forman parte de un macrocaso penal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (causa S9 23 Cr. 180). Esta investigación, que inició hace ocho años en Los Ángeles, ya suma 38 acusados, entre los que destacan líderes criminales, lavadores de dinero y una decena de servidores públicos de la región sinaloense.

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