Por Redacción, Mayo 19, 2026
La administración federal puso bajo la lupa la relación bilateral en materia de justicia. Durante la conferencia matutina, se reveló que, de las 269 solicitudes de extradición enviadas por México a Estados Unidos entre enero de 2018 y mayo de 2026, el gobierno estadounidense no ha concedido una sola entrega.
La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó fuertemente esta disparidad, señalando que los perfiles reclamados por los tribunales mexicanos incluyen a exgobernadores, miembros del crimen organizado, implicados en el caso Ayotzinapa y delincuentes fiscales. Ante este panorama, la mandataria exigió que Washington aplique el mismo criterio de cooperación que demanda.
Radiografía del bloqueo judicial en EE. UU.
Los datos oficiales presentados por la Cancillería exponen el estancamiento de los expedientes en territorio norteamericano:
- 36 peticiones fueron rechazadas de manera definitiva por las autoridades de EE. UU.
- 233 casos continúan congelados o en trámite general.
- 183 se encuentran actualmente bajo revisión en tribunales estadounidenses.
- 50 corresponden a solicitudes de captura provisional.
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, destacó un dato clave que evidencia la asimetría del proceso: de las 50 órdenes de aprehensión provisionales tramitadas por México, el gobierno de EE. UU. exigió datos complementarios en 47 de ellas antes de dar luz verde.
El factor Rocha Moya y la defensa del debido proceso
Esta aclaración surge como respuesta directa a los cuestionamientos tras la decisión de México de frenar temporalmente la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitada por Washington.
El Gobierno de México argumentó que la petición estadounidense carecía de la precisión delictiva necesaria, por lo que se requirió información extra. Velasco enfatizó que este procedimiento no viola el Tratado bilateral, sino que se sustenta en sus artículos 11 y 12, así como en la legislación nacional, la cual obliga a corroborar la existencia del delito y de una orden judicial vigente.
“Pedir aclaraciones es el estándar normal y recíproco que ambos países han usado por años. Las reglas jurídicas deben ser parejas para las dos naciones”, puntualizó el subsecretario.
El esquema de extradición en México mantiene sus tres filtros estrictos de validación: la revisión diplomática de la Cancillería, el dictamen técnico de la Fiscalía General de la República (FGR) y la resolución final de un juez de distrito. Con esto, la postura mexicana se ratifica como un acto de soberanía y estricto apego al derecho internacional.
