El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia, desató una nueva crisis política. El mandatario retomó sus funciones el 21 de agosto y aseguró que vuelve con la “conciencia tranquila”, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra.
La decisión generó un fuerte deslinde dentro de Morena. La dirigencia nacional del partido afirmó que no fue informada previamente del regreso y calificó la decisión como personal. También legisladores y gobernadores morenistas expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidieron a Rocha Moya reconsiderar su postura.
La propia Sheinbaum lanzó un mensaje que fue interpretado como una crítica directa al gobernador: “ningún interés personal puede estar por encima del pueblo y de la Nación”, además de señalar que los cargos públicos son pasajeros y deben ejercerse con principios.
El regreso ocurre en un contexto especialmente delicado para Sinaloa. Rocha Moya ha sido señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, acusaciones que él niega y que considera políticamente motivadas. La Fiscalía mexicana mantiene investigaciones abiertas, aunque Rocha sostiene que no existen elementos suficientes para acreditar responsabilidad penal.
La controversia también coincide con la reciente detención de Fausto Corrales Rodríguez, considerado un testigo clave en el caso del presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, hechos ocurridos en 2024 y que han mantenido bajo presión a la política sinaloense.
Con el regreso de Rocha Moya, Sinaloa enfrenta nuevamente un escenario de tensión política, cuestionamientos sobre gobernabilidad y presión sobre Morena, mientras el gobernador busca concluir su mandato constitucional en medio de investigaciones y fuertes críticas de sectores de la oposición y del propio oficialismo.
