Por Redacción, Mayo 25, 2026
CIUDAD DE MÉXICO.— La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, lanzó una fuerte acusación pública en contra de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La legisladora asegura que el organismo electoral se ha convertido en un “botín” y señala un presunto esquema de corrupción que involucra un desvío de 65 millones de pesos.
De acuerdo con Téllez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó graves anomalías en un contrato adjudicado en diciembre de 2024 a la empresa denominada JVLY. El objetivo oficial de dicho convenio era la adquisición de materiales para los simulacros de la elección judicial; sin embargo, la senadora afirma que la compañía se encontraba en un proceso de “desaparición fiscal” y carecía de la capacidad legal para emitir facturaciones válidas.
El señalamiento escala directamente al entorno familiar de la presidenta del INE. Téllez sostuvo que detrás de JVLY operan los hijos de Guadalupe Taddei, utilizando a particulares identificados como Fernando Fernández y Arcelia José Nateras como supuestos prestanombres. Asimismo, la panista denunció que parte de los recursos públicos desviados habrían sido triangulados para el pago de bonos extraordinarios a altos funcionarios de la estructura administrativa del propio instituto.
Este escándalo se suma a las constantes críticas de los bloques opositores, quienes desde la llegada de Taddei al INE en 2023 han cuestionado su imparcialidad debido a su presunta cercanía con el partido Morena y con el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo. Las acusaciones de Téllez apuntan a una red más amplia de nepotismo y asignaciones irregulares en áreas tecnológicas y financieras durante los ejercicios 2024 y 2025.
Hasta el momento, ni el INE ni su consejera presidenta han emitido una postura oficial frente a estas declaraciones. Cabe destacar que, aunque la senadora exigió una investigación exhaustiva a las autoridades competentes, actualmente no existe ninguna resolución judicial o imputación penal formal que valide los señalamientos presentados en la conferencia de prensa
