Por Redacción, Mayo 12, 2026
CIUDAD DE MÉXICO – El Gobierno de México ha iniciado una mesa de diálogo y un despliegue de seguridad en la Sierra y la Montaña Baja de Guerrero, tras una violenta jornada que dejó al menos diez personas muertas y el desplazamiento forzado de decenas de familias.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que 96 personas fueron desplazadas de sus comunidades en las últimas horas debido a los ataques de grupos delictivos. El funcionario subrayó que la prioridad actual es el retiro de bloqueos viales y la atención médica a los lesionados.
Acciones de emergencia en la zona
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se encuentra físicamente en la región para coordinar las labores de rescate y diálogo. Según García Harfuch, la estrategia se centra en tres ejes:
- Atención Ciudadana: Protección directa a las familias desplazadas por parte de la Guardia Nacional.
- Negociación: Diálogo con los pobladores para liberar las vías de comunicación bloqueadas.
- Reubicación Operativa: Establecimiento de bases de seguridad en puntos estratégicos para garantizar el retorno de los habitantes a sus hogares.
Crisis Humanitaria en la Montaña Baja
La situación es especialmente crítica en los municipios de Chilapa y Olinalá, donde recientemente se localizaron los cuerpos de diez personas. El Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata ha señalado directamente al grupo criminal “Los Ardillos” como el responsable de esta escalada de violencia, que ha obligado a cientos de familias indígenas a huir de sus tierras.
En un llamado desesperado, grupos de desplazados emitieron mensajes dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo medidas de protección permanentes. Los afectados denunciaron un estado de abandono institucional y reportaron que, tan solo en su organización, la violencia ha cobrado la vida de 76 integrantes y dejado a 25 más desaparecidos.
Pese al despliegue de fuerzas federales, la tensión en comunidades como Alcozacán y Tula persiste, mientras los habitantes condicionan el levantamiento de protestas a la llegada de seguridad efectiva que les permita recuperar su vida cotidiana.
Harfuch descarta vínculos criminales de Rocha Moya
En otro orden de ideas, García Harfuch abordó los cuestionamientos sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El secretario fue enfático al declarar que “no hay indicios” de que el mandatario estatal haya incurrido en conductas delictivas.
“No se detectó y no solo eso, estuvimos operando todo lo que va de la administración… con resultados que ustedes conocen”, señaló Harfuch, destacando que en Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad sin que el gobierno local pusiera obstáculos. El funcionario aseguró que no existe ninguna investigación abierta en contra de Rocha Moya, subrayando la colaboración plena entre el estado y la federación en materia de seguridad.
Crisis de desaparecidos y asesinatos
Mientras el gobierno defiende la gestión en Sinaloa, en Guerrero el Consejo Nacional Indígena alertó que los ataques de grupos criminales han dejado un saldo de 76 integrantes asesinados y 25 desaparecidos. Las familias desplazadas, que huyeron de sus hogares durante la madrugada del pasado 10 de mayo, insisten en que el diálogo debe traducirse en una pacificación real que permita el retorno seguro a sus tierras.
