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Gobierno de Sheinbaum prepara una reforma anticorrupción de gran alcance

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alista una reforma integral en materia anticorrupción con el objetivo de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el desvío de recursos públicos. La iniciativa contempla una reestructuración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como nuevas herramientas para combatir esquemas de corrupción vinculados al huachicol fiscal, las empresas factureras y las redes de lavado de dinero.

De acuerdo con la propuesta en análisis, la reforma busca mejorar la coordinación entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras instancias responsables de la fiscalización. El propósito es agilizar las investigaciones, fortalecer las auditorías y reducir los espacios que permiten el uso indebido de recursos públicos.

Entre las medidas planteadas se encuentra el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en operaciones de corrupción y delincuencia financiera, así como la posibilidad de aplicar mecanismos como la extinción de dominio a bienes obtenidos mediante actividades ilícitas relacionadas con el fraude fiscal y el contrabando de combustibles. Además, se prevén mayores controles sobre la contratación pública y la emisión de facturas para prevenir esquemas de simulación.

La presidenta Sheinbaum ha señalado que el objetivo de esta reforma es consolidar un modelo de combate a la corrupción basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación institucional, al considerar que las estructuras actuales requieren una actualización para responder con mayor eficacia a las nuevas modalidades de desvío de recursos públicos.

La iniciativa será presentada para su discusión en el Congreso de la Unión durante el próximo periodo legislativo. De aprobarse, representaría una de las modificaciones más amplias al sistema anticorrupción en los últimos años y buscaría fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en todos los niveles de gobierno.

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