El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma de gran alcance para fortalecer el combate al huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles y evasión de impuestos que ha generado pérdidas millonarias para el erario. La iniciativa busca reforzar el marco legal e institucional para desarticular las redes dedicadas a la importación ilegal de hidrocarburos y al uso de empresas fachada para ocultar estas operaciones.
La propuesta contempla una reestructuración del Sistema Nacional Anticorrupción, así como una mayor coordinación entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. El objetivo es agilizar las investigaciones, fortalecer la fiscalización y endurecer las sanciones contra quienes participen en estas redes de corrupción.
Durante sus conferencias matutinas, Sheinbaum ha señalado que el combate al huachicol fiscal ya ha permitido reducir significativamente el ingreso ilegal de combustibles al país, gracias al fortalecimiento de la vigilancia en aduanas, las investigaciones de la Fiscalía, el congelamiento de cuentas y diversos operativos coordinados. La mandataria aseguró que el incremento en las ventas de combustibles de Pemex es uno de los indicadores que reflejan la disminución de estas prácticas ilícitas.
Las investigaciones recientes también han revelado nuevos mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para introducir combustible de manera ilegal, como el uso de mercancías declaradas falsamente para evadir el pago de impuestos. Estos hallazgos han impulsado la necesidad de fortalecer la legislación y ampliar las facultades de las autoridades para perseguir tanto a los operadores logísticos como a las estructuras financieras que sostienen estas actividades.
La iniciativa será discutida en el Congreso de la Unión durante el próximo periodo legislativo. De aprobarse, representará una de las reformas más importantes en materia de combate a la corrupción y a los delitos fiscales de los últimos años, con el propósito de proteger los ingresos públicos, fortalecer el Estado de derecho y cerrar el paso a las redes de contrabando de combustibles en México.
