Por Redacción, Mayo 26, 2026
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra en el ojo de una tormenta judicial que, según sus propias palabras, no es casualidad sino una estrategia coordinada desde el poder central. La mandataria panista denunció una “persecución política pura y dura” tras ser notificada de una audiencia en la Ciudad de México por una vieja acusación de presunto secuestro, promovida por el hoy morenista Javier Corral.
El caso, que la propia Fiscalía capitalina ya había archivado en febrero pasado bajo la carpeta CI-FIEAE/C/UI-1 C/D/00238/08-2024, revivió sorpresivamente en los tribunales de Xochimilco, donde Campos está citada a comparecer este 29 de mayo.
¿De dónde viene la acusación?
El conflicto legal es el efecto colateral del polémico operativo en el restaurante Gin Gin de la CDMX, donde la fiscalía chihuahuense intentó detener a Javier Corral por presunto peculado. Tras el fracaso de esa captura por la intervención de las autoridades locales, el exgobernador contraatacó denunciando a Campos por privación de la libertad y abuso de autoridad.
Los cuatro fuegos de la gobernadora
En un videomensaje, Maru Campos enfatizó que este citatorio no es un hecho aislado, sino parte de una presión multidimensional que coincide con los siguientes frentes:
- El factor FGR: Una comparecencia en Ciudad Juárez como testigo por la supuesta actividad de la CIA en su estado.
- Juicio Político: Una solicitud formal para destituirla de su cargo.
- Narrativa delictiva: Señalamientos mediáticos y legales que la vinculan con el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
“Al opositor se le persigue, al compañero se le protege”, acusó la mandataria, señalando un presunto uso faccioso de las instituciones por parte de la llamada Cuarta Transformación.
La postura de Chihuahua
Pese al panorama adverso y la acumulación de requerimientos, la gobernadora aseguró que no buscará amparos ni evadirá a la justicia. Afirmó que se presentará a las audiencias correspondientes y que usará las herramientas legales para frenar lo que considera un atropello político, garantizando que la administración de Chihuahua seguirá operando con normalidad.
