El Gobierno de Estados Unidos endureció su postura contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) al anunciar una nueva estrategia diplomática para limitar el alcance del organismo y evaluar sanciones adicionales contra sus integrantes. La administración del presidente Donald Trump sostiene que la Corte representa una amenaza para la soberanía estadounidense y para el personal militar y diplomático del país.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington buscará reforzar las restricciones contra funcionarios del tribunal, además de impulsar acciones diplomáticas para persuadir a otros países de reducir su cooperación con la institución. Estados Unidos argumenta que el TPI no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses, ya que el país nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte.
La ofensiva estadounidense ha generado críticas por parte de organismos internacionales y gobiernos europeos. La Comisión Europea reiteró su respaldo al Tribunal Penal Internacional y calificó de “inaceptables” las amenazas dirigidas contra la institución, mientras que Amnistía Internacional advirtió que estas acciones podrían debilitar el sistema de justicia internacional y favorecer la impunidad en casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Pese a las presiones, el Tribunal Penal Internacional ha reiterado que continuará con sus investigaciones y procesos judiciales conforme al derecho internacional. La Corte mantiene abiertos casos relacionados con conflictos armados y presuntos crímenes internacionales en diversas regiones del mundo, mientras enfrenta uno de los mayores desafíos políticos desde su creación en 2002.
