La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, volvió a colocar el caso Ayotzinapa en el centro de la agenda nacional, casi 12 años después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala. La Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de aprehensión el pasado 6 de agosto, en el Estado de México.
Aguirre enfrenta acusaciones por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada, relacionadas con el presunto ocultamiento o eliminación de evidencia relevante para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Las investigaciones ponen especial atención en material videográfico que habría registrado acontecimientos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Tras su captura, el exmandatario fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “El Altiplano”, mientras su defensa buscó que pudiera enfrentar el proceso bajo una medida distinta a la prisión. Sin embargo, un juez federal determinó mantenerlo privado de la libertad y extendió el plazo para resolver su situación jurídica.
La detención adquiere especial relevancia debido a que Aguirre era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de los normalistas. Su captura abre nuevamente el debate sobre la actuación de las autoridades estatales y las posibles responsabilidades de funcionarios durante las primeras horas y días posteriores a los hechos.
El nuevo episodio podría representar un giro importante en una de las investigaciones más emblemáticas de México. La atención se concentra ahora en las pruebas que presente la Fiscalía y en la decisión judicial sobre el proceso contra el exgobernador, mientras las familias de los 43 normalistas continúan exigiendo conocer la verdad sobre lo ocurrido y el paradero de sus hijos.
