Por Redacción, Mayo 21, 2026
El panorama legal para la pasada administración de Sinaloa dio un giro drástico. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Interpol mantiene vigentes 10 órdenes de localización internacional (fichas rojas) contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y un grupo de excolaboradores clave, todos requeridos por cortes de Nueva York bajo cargos de narcotráfico.
El anuncio, realizado desde Palacio Nacional, expone la presión de la justicia estadounidense sobre la cúpula política sinaloense. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ya indaga el caso a nivel local, el Gobierno Federal descartó implementar un despliegue de custodia o espionaje sobre los señalados, entre quienes figura el senador Enrique Inzunza, argumentando la falta de un requerimiento judicial que obligue al Ejecutivo a vigilarlos en suelo mexicano. Sin embargo, la alerta de Interpol bloquea de inmediato cualquier intento de los acusados por refugiarse en el extranjero.
La presión de Washington ya provocó las primeras fracturas en el grupo político sinaloense. Ante la inminencia de los arrestos, dos exmiembros del gabinete estatal decidieron no evadir el proceso y se entregaron de forma voluntaria en la frontera:
- Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera el responsable de la Seguridad Pública en la entidad.
- Enrique Díaz Vega, exencargado de las finanzas y la administración del estado.
Con estas entregas y el bloqueo internacional a Rocha Moya, el caso escala a un conflicto diplomático y judicial de primer orden entre México y Estados Unidos.
