Por Redacción, Abril 23, 2026
En un encuentro marcado por el hermetismo y la presión política, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se reunió este jueves con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. La cita, que se extendió por apenas una hora en las oficinas de la Ciudad de México, tuvo como objetivo central explicar la participación no reportada de agentes de la CIA en territorio estatal.
El incidente que detonó la alerta nacional
La controversia que hoy mantiene a la administración chihuahuense en el ojo del huracán surgió tras el hallazgo de un narcolaboratorio de dimensiones masivas en el municipio de Morelos. Sin embargo, el aseguramiento pasó a segundo término cuando se confirmó el fallecimiento de dos agentes estadounidenses en la zona, junto a mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Aunque el gobierno estatal intentó catalogar la presencia de los extranjeros como un “encuentro fortuito”, la administración federal sostiene que existen indicios de una colaboración operativa sistemática que nunca fue notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tal como lo exige la ley.
Los puntos de fricción: Inteligencia vs. Operación
La reunión de hoy es el preámbulo de un proceso legal y político más profundo. Los cuestionamientos de García Harfuch se centraron en dos violaciones fundamentales a la soberanía nacional:
- Omisión de protocolos: La falta de aviso previo a las autoridades federales sobre la actividad de agencias extranjeras.
- Exceso de funciones: El hecho de que elementos de la CIA estuvieran en el lugar de los hechos sugiere una labor operativa, cuando la Ley de Seguridad Nacional permite a los agentes extranjeros únicamente tareas de intercambio de inteligencia.
Hacia una comparecencia definitiva
La visita de la mandataria a la SSPC no cierra el caso. Este encuentro es el primer paso antes de que, en menos de una semana, Maru Campos y su fiscal, César Jáuregui, deban presentarse ante el Senado de la República.
La Cámara Alta evaluará si hubo negligencia o violación directa a los convenios internacionales. De confirmarse las irregularidades, el escenario para la administración estatal es crítico, enfrentando la posibilidad de sanciones que podrían derivar incluso en la destitución de los titulares responsables.
Dato Clave: Pese a las afirmaciones de la gobernadora sobre el conocimiento previo de la Sedena en el operativo, el Gobierno Federal ha negado rotundamente que las fuerzas armadas estuvieran al tanto de la escolta o participación de los agentes extranjeros.
