Por Redacción, Abril 24, 2026
La gestión de Maru Campos en Chihuahua se encuentra en el centro de una controversia de soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que la cortesía política terminó: ahora la gobernadora deberá rendir cuentas sobre por qué permitió el despliegue de agentes extranjeros en su estado saltándose la ley.
El regaño institucional
En un tono directo, la mandataria federal confirmó que, tras el encuentro entre Campos y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quedó evidenciado que el gobierno de Chihuahua ignoró los principios legales de colaboración internacional. La administración estatal no solo permitió la operatividad de agencias externas, sino que lo hizo al margen de los procedimientos que rigen a toda la federación.
“Ya depende ahora de la gobernadora”, sentenció Sheinbaum, trasladando la presión política de vuelta a Chihuahua tras confirmarse que no se siguieron las reglas mínimas de coordinación.
Un puente roto: Sin contacto directo con la Presidenta
Uno de los puntos más álgidos de la mañana fue la revelación de la falta de comunicación personal entre ambas mandatarias. Sheinbaum relató un episodio que marca la distancia actual:
- La Presidenta intentó contactar a Campos vía telefónica para abordar la crisis de los agentes.
- La gobernadora no se encontraba en su despacho.
- No hubo devolución de llamada, un gesto que terminó por cerrar la vía directa de diálogo.
A partir de ahora, la relación se mantendrá estrictamente a través de García Harfuch, eliminando cualquier interlocución política de alto nivel hasta que se esclarezca el despliegue de los 10 agentes reportados en la zona.
Lo que sigue para Chihuahua
La gobernadora se ha comprometido a entregar un reporte detallado al gabinete de seguridad nacional. Este informe es clave, pues deberá justificar la presencia de la CIA y otras entidades extranjeras en territorio fronterizo sin el aval previo de las autoridades federales competentes.
El balón está ahora en la cancha de Chihuahua, bajo una administración federal que ha dejado claro que la colaboración con otros países no es una atribución que las entidades puedan manejar de forma autónoma o discrecional.
