El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reveló que nueve de cada 10 presidentes municipales que han sido investigados por presuntas irregularidades contaban con constructoras, situación que, dijo, representa un posible conflicto de interés en el manejo de la obra pública.
Armenta ha insistido en que su administración busca cerrar espacios a prácticas que permitan el uso de recursos públicos para beneficio particular. En este sentido, ha defendido que el Gobierno estatal ejecute directamente parte de las obras con maquinaria propia, estrategia que, según el mandatario, permite reducir costos y evitar que los municipios recurran a empresas vinculadas con los propios funcionarios.
El gobernador ha señalado que la obra pública debe realizarse bajo principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, y que los recursos destinados a infraestructura deben traducirse en beneficios concretos para las comunidades.
La postura se suma a los llamados que Armenta ha realizado a los 217 presidentes municipales de Puebla para que cumplan con sus responsabilidades constitucionales y atiendan las necesidades de sus habitantes en materia de infraestructura y servicios públicos.
El señalamiento sobre las constructoras ocurre en un contexto de mayor vigilancia sobre el uso de recursos públicos y la relación entre funcionarios y empresas proveedoras. Por ello, cualquier investigación deberá determinar de manera individual si existieron conflictos de interés, contratación irregular o algún delito, respetando en todos los casos el debido proceso.
Con este posicionamiento, Armenta refrenda su discurso de cero tolerancia a la corrupción y plantea que la obra pública debe dejar de ser una vía para el enriquecimiento de servidores públicos y convertirse en una herramienta para generar infraestructura y bienestar en Puebla.
