El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que 90% de los presidentes municipales que han sido separados de su cargo para ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) tenían empresas constructoras. El mandatario relacionó esta situación con posibles conflictos de interés en la asignación de obra pública.
Durante una conferencia en la Ciudad de México, Armenta sostuvo que algunos de estos alcaldes habrían utilizado sus propias empresas para obtener contratos de obra en los municipios que gobernaban. El gobernador describió el esquema como una práctica en la que el funcionario podía quedarse con las utilidades generadas por proyectos financiados con recursos públicos.
El mandatario señaló que su administración busca romper con este modelo mediante la ejecución de obra pública con maquinaria propia del Gobierno estatal. Según Armenta, esta estrategia puede reducir los costos de algunas obras hasta en 60%, además de limitar posibles intermediaciones y sobreprecios.
Armenta también ha defendido que los recursos públicos deben utilizarse para beneficiar directamente a las comunidades y ha establecido como una de sus líneas de gobierno el combate a la corrupción, el abuso de poder y los conflictos de interés.
El señalamiento ocurre mientras continúan investigaciones contra distintos presidentes municipales en Puebla. Sin embargo, la afirmación del 90% corresponde a lo declarado por el gobernador y no implica por sí misma que todos esos alcaldes hayan cometido un delito; cada caso deberá determinarse mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.
Con este posicionamiento, Armenta vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre alcaldes, empresas constructoras y contratos de obra pública, y sostiene que su gobierno pretende modificar ese esquema para reducir riesgos de corrupción y hacer más eficiente el gasto.
