Por Redacción, Abril 28, 2026
CIUDAD DE PUEBLA | El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, busca oxigenar las finanzas locales mediante el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa. Esta estrategia no solo pretende combatir el rezago del 60% en la recaudación del impuesto predial, sino también abrir la puerta a una bolsa de recursos federales hasta ahora desaprovechada.
Autonomía municipal garantizada
Ante los señalamientos sobre una posible pérdida de soberanía de los ayuntamientos, el Ejecutivo estatal fue enfático: el convenio no retira facultades ni sustituye las atribuciones de los municipios. Se trata de un modelo de apoyo técnico y administrativo que ya opera con éxito en 891 municipios de 26 estados del país.
“Si ya logramos desmantelar los círculos de corrupción que nos heredaron, sería incorrecto administrativamente no atender el tema del predial”, sentenció Armenta Mier.
Los beneficios del convenio
La titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Daniela Pérez Calderón, desglosó los puntos clave de este esquema:
- Acceso a Fondos Federales: Al formalizar la colaboración, los municipios podrán acceder al 30% excedente del Fondo de Fomento Municipal, un recurso que Puebla no había logrado captar plenamente por falta de estos mecanismos.
- Infraestructura de Cobro: El Estado pone a disposición de los ayuntamientos la red de Centros Integrales de Servicios (CIS), 861 puntos de pago, bancos y establecimientos comerciales para facilitar el cumplimiento ciudadano.
- Marco Legal: La estrategia se fundamenta en la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado, aprobada el pasado 15 de marzo de 2026.
Consenso en los Ayuntamientos
Hasta el momento, más de 90 municipios, incluida la capital poblana, ya han aprobado en sus respectivos Cabildos la adhesión a este modelo. La administración estatal confirmó que el proceso cuenta con el aval y la revisión normativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), garantizando que el esquema es plenamente constitucional.
Con esta medida, el gobierno estatal apuesta por un “engranaje financiero” que fortalezca la hacienda pública local sin comprometer la independencia de las autoridades municipales, buscando transformar la eficiencia recaudatoria en mayores beneficios directos para la población.
