Por Redacción, Mayo 26, 2026
El Gobierno de Puebla se convirtió en la administración pública del país con el mayor número de centros de trabajo certificados bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025). Este reconocimiento posiciona a la entidad como el referente nacional en la creación de entornos laborales equitativos, seguros y libres de violencia de género.
Actualmente, 27 dependencias estatales han obtenido esta certificación: 13 alcanzaron el nivel oro (el estándar más alto), 11 el nivel plata y tres el nivel bronce. La norma exige la implementación de procesos de reclutamiento sin sesgos de género, auditorías de igualdad salarial y protocolos estrictos para prevenir y sancionar el acoso laboral y sexual.
Avances en seguridad y perspectiva de género
Durante la presentación del reconocimiento, se destacaron los avances en la estrategia de seguridad para las mujeres en la entidad:
- Baja en la incidencia: Puebla pasó del lugar 7 al 12 a nivel nacional en la estadística de feminicidios.
- Tendencia a la baja: El delito de feminicidio registró una reducción del 40% durante 2025 en comparación con 2024.
- Primer cuatrimestre de 2026: Entre enero y abril de este año, la disminución alcanzó el 60% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este ecosistema institucional se complementa con el modelo de los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, un esquema transversal que articula esfuerzos gubernamentales, de la Fiscalía General del Estado y del sector empresarial local para garantizar el bienestar y la emancipación de las mujeres.
El reto de eliminar las brechas laborales
La urgencia de estas políticas públicas se respalda en el panorama de inclusión laboral actual. Datos de la casa certificadora MAXAN y de la Encuesta Nacional sobre Discriminación del CONAPRED revelan que las barreras estructurales siguen vigentes en el país:
- Brecha salarial: El 20% de las mujeres reporta percibir un sueldo menor que los hombres por realizar las mismas funciones.
- Vulnerabilidad: El 30% de las personas con discapacidad y el 22% de los adultos mayores señalan la falta de oportunidades de empleo como su principal obstáculo.
- Falta de accesibilidad: El 86% de las personas con discapacidad enfrenta dificultades de infraestructura al realizar trámites o postularse a una vacante.
La administración estatal, cuyo gabinete legal y mandos de primer nivel están integrados mayoritariamente por mujeres, señaló que este logro consolida una política de bioética social orientada a resarcir las deudas históricas con los sectores vulnerados en el entorno laboral.
