Por Redacción, Marzo 24, 2026
Tras una audiencia de casi 24 horas, un juez de control determinó que existen elementos suficientes para procesar al exmandatario por delitos que habrían comprometido las finanzas estatales por 30 años.
Luego de una extenuante jornada judicial que inició el lunes a las 09:00 horas y concluyó la mañana de este martes, el exgobernador de Baja California, Jaime “N”, fue vinculado a proceso. La resolución, dictada en la sala 6 del Centro de Justicia Río Nuevo, señala su presunta responsabilidad en los delitos de:
- Peculado.
- Abuso de autoridad.
- Uso ilícito de atribuciones y facultades.
El Ministerio Público sostiene que el exmandatario instruyó a su equipo a negociar con la empresa Next Energy para la creación de una planta fotovoltaica en Mexicali, proyecto que derivó en un contrato plurianual que generó deuda pública sin resultados tangibles.
Un proyecto fantasma de 37 mil millones
La investigación, bajo el Número Único de Caso 02-2022-06977, apunta a que la administración anterior comprometió las participaciones federales del estado por un monto de 37 mil millones de pesos a pagar en tres décadas.
A pesar de que el propio Jaime “N” encabezó la ceremonia de colocación de la “primera piedra”, la planta nunca se construyó. La actual administración, liderada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, canceló el proyecto tras detectar que carecía de permisos federales y representaba un riesgo financiero crítico para la entidad.
La defensa: “Pruebas vagas”
Por su parte, la defensa legal del exgobernador intentó desestimar las acusaciones calificándolas de “vagas”. Argumentaron que el pago de 123 millones de pesos cuestionado por la fiscalía no se efectuó durante el mandato de Jaime “N”.
El exfuncionario también ha negado públicamente que se haya establecido formalmente la construcción de la planta, contradiciendo los actos públicos que él mismo presidió durante su gestión.
Dato Clave: Jaime “N” logró eludir la audiencia inicial en 13 ocasiones previas antes de que finalmente se formulara la imputación el pasado 19 de marzo.
Tras el dictamen de vinculación a proceso, el juez y las partes involucradas han entrado en un receso para discutir las medidas cautelares que se le impondrán al exmandatario mientras continúa el proceso judicial. El caso sigue bajo los reflectores debido al fuerte impacto político y económico que representa para Baja California.
