Por Redacción, Marzo 30, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender el informe sobre desapariciones presentado el viernes 27 de marzo, luego de que colectivos de familiares y organizaciones civiles lo rechazaron de forma contundente. Su argumento fue directo: el Estado mexicano tiene la obligación de buscar a los desaparecidos y eso, dijo, se está cumpliendo.
Pero los números cuentan una historia más compleja.
El gobierno reporta 132 mil personas desaparecidas en el registro nacional y presume que, de cada 100 casos abiertos en un mes, 66 se resuelven con una localización, y 92 de esos hallazgos son con vida. Durante la actual administración, afirma haber encontrado a 31 mil personas que ya fueron retiradas del registro oficial.
El problema es lo que hay detrás de esas cifras.
Los colectivos señalan que el informe no es una revisión de campo sino una revisión administrativa: se sustenta en carpetas de investigación abiertas en fiscalías, instituciones en las que la ciudadanía tiene poca confianza y que generan, por esa misma razón, un subregistro enorme. Dicho de otro modo: si una familia no denuncia porque no cree en la fiscalía, esa desaparición no existe para el gobierno.
Ahí está el nudo político del asunto.
Al condicionar la búsqueda a la apertura de una carpeta de investigación, el Estado no solo acota sus obligaciones: construye una narrativa en la que las desapariciones parecen disminuir no porque se resuelvan, sino porque se redefine qué cuenta como caso activo. Para los colectivos, eso equivale a desaparecer a los desaparecidos en el papel.
El gobierno de Sheinbaum apuesta por mostrar gestión institucional: reformas legales, nuevos protocolos, estadísticas de localización. Es una estrategia comprensible desde la lóg
ica política, pero tiene un costo: pierde credibilidad ante quienes más importa convencer, las familias que llevan años buscando sin respuesta del Estado.
Y hay un dato que lo ilustra mejor que cualquier cifra: desde octubre de 2024, los colectivos han solicitado una reunión directa con la presidenta. Siguen esperando.
Ese detalle, pequeño en apariencia, resume la distancia real entre el discurso oficial y la crisis que viven miles de familias mexicanas todos los días.
