Por Redacción, Marzo 27, 2026
A casi nueve años de la masacre de Arantepacua, un juez de Control libró este viernes 27 de marzo órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; y 14 policías estatales, por su presunta responsabilidad en los hechos.
Los delitos que se les imputan —homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura— representan el primer gran avance judicial en un caso que por años permaneció en la impunidad, pese a las constantes denuncias de la comunidad indígena afectada.
Además, habitantes de Arantepacua han señalado la presunta responsabilidad por omisión de Adrián López Solís, quien entonces fungía como secretario de Gobierno y posteriormente como fiscal General del Estado, así como de otros funcionarios, entre ellos Armando Hurtado Arévalo y Víctor Lara Vidales.
El operativo que terminó en tragedia
El 5 de abril de 2017, fuerzas estatales ingresaron a la comunidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, en un operativo que, lejos de restablecer el orden, derivó en una agresión directa contra la población.
El saldo fue de cuatro comuneros asesinados: José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández Cohenete y Santiago Crisanto Luna, además de decenas de personas heridas.
Entre las víctimas se encontraba Luis Gustavo Hernández, un joven de 18 años y estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuya muerte se convirtió en símbolo de la violencia ejercida desde el poder.
De la exigencia social a la judicialización
Durante años, la comunidad sostuvo una lucha constante por el esclarecimiento de los hechos. Hoy, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña, asegura contar con elementos suficientes para fincar responsabilidades penales.
Con ello, el caso da un giro: pasa de la denuncia social a una etapa de acción judicial concreta.
Una deuda histórica
Más allá de las órdenes de aprehensión, el caso de Arantepacua evidencia una problemática estructural: la relación conflictiva entre el Estado y los pueblos indígenas, marcada por disputas territoriales, falta de reconocimiento y respuestas institucionales basadas en el uso de la fuerza.
Tras la masacre, la comunidad no solo resistió, sino que se reorganizó internamente, fortaleció su sistema de autogobierno y conformó su propia policía comunitaria.
A casi nueve años, la herida sigue abierta.
Para los comuneros, la justicia no se agota en las detenciones. Exigen verdad, reparación integral del daño y garantías de no repetición.
Porque Arantepacua no solo busca castigo: busca que lo ocurrido no vuelva a repetirse.
