La relación discursiva entre actores políticos de Estados Unidos y el gobierno de México volvió a tensarse tras las declaraciones de la congresista republicana Anna Paulina Luna, quien afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum fue “impuesta” en el poder y puso en duda su capacidad para gobernar el país.
La legisladora sostuvo que, de tratarse de una mandataria eficaz, México no estaría —según su afirmación— bajo el control de los cárteles del narcotráfico. Sus dichos se suman a una serie de críticas provenientes de sectores del Congreso estadounidense que han intensificado sus señalamientos sobre la estrategia de seguridad mexicana y su impacto en la región.
Las declaraciones de Luna, quien no presentó pruebas para respaldar sus afirmaciones sobre la legitimidad del proceso electoral, generaron reacciones en el ámbito político y mediático, al tocar directamente la soberanía y el sistema democrático del país.
El señalamiento ocurre en un contexto de creciente presión desde Washington para que México refuerce su combate al crimen organizado, particularmente ante el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Especialistas advierten que este tipo de discursos podrían escalar a tensiones diplomáticas si se convierten en posturas oficiales.
Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha respondido de manera directa a los comentarios de la congresista, aunque ha reiterado en diversas ocasiones su rechazo a cualquier intromisión extranjera y ha defendido la legitimidad democrática de la administración federal.
