Por Redacción, Marzo 11,2026
Con el voto unánime de todas las fuerzas políticas, la reforma busca un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos al año, aunque la oposición cuestiona excepciones para militares y jueces.
El núcleo de la reforma
El Senado de la República aprobó de manera unánime la iniciativa presidencial que pone un límite estricto a las pensiones de 6,297 exfuncionarios públicos. La nueva normativa establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá exceder el 50% del salario de la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que sitúa el tope máximo en aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
Los argumentos del oficialismo
Desde la bancada de Morena, los senadores defendieron la medida como un acto de justicia social y austeridad:
- Óscar Cantón Zetina: Afirmó que el objetivo es poner orden y eliminar jubilaciones “estratosféricas”. “No se trata de eliminar pensiones, sino de garantizar un retiro digno sin privilegios financiados por el pueblo”, señaló.
- Saúl Monreal: Destacó que la reforma elimina “de tajo” el sistema de beneficios discrecionales que caracterizó a administraciones pasadas.
A pesar de votar a favor, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron inconsistencias en la aplicación de la ley, criticando que no sea universal:
- Excepción militar y judicial: Luis Donaldo Colosio (MC) cuestionó por qué se excluye a las Fuerzas Armadas, señalando que si sus derechos están protegidos por la Constitución, los de los demás trabajadores también deberían estarlo.
- Organismos autónomos: Francisco Ramírez Acuña (PAN) propuso que la medida se extienda a universidades públicas y organismos autónomos donde los mandos superiores aún gozan de beneficios discrecionales.
- Cálculo político: Carolina Viggiano (PRI) denunció que la reforma evita tocar a figuras cercanas al actual gobierno, mencionando los casos de Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, quienes conservan sus beneficios mientras perciben salarios como funcionarios en activo.
