Por Redacción, Abril 08, 2026
PUEBLA, Pue. – El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, intensifica el combate a la corrupción dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal. Como resultado de auditorías internas, se confirmó la separación del cargo de 43 funcionarios presuntamente involucrados en la asignación irregular de plazas.
El mandatario estatal advirtió que este proceso de revisión no se limitará a la gestión actual, sino que se ampliará a los ejercicios fiscales de 2022, 2023 y 2024, con el objetivo de erradicar vicios administrativos heredados.
Cero tolerancia a la venta de espacios
Por su parte, el titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, fue enfático al señalar que en esta administración se acabó la comercialización de puestos laborales.
“Cuando alguien se acerca planteando cómo nos arreglamos, la respuesta es clara: se equivocaron de administración”, sentenció el funcionario.
Viveros Narciso aseguró que cualquier incorporación al sistema educativo se realiza bajo la normatividad vigente, garantizando que el mérito y la legalidad sean los únicos criterios de ingreso.
Balance de la revisión administrativa
La estrategia de saneamiento en la SEP Puebla arroja, hasta el momento, los siguientes resultados:
- 43 servidores públicos destituidos.
- Más de 300 puestos asignados indebidamente que ya han sido recuperados.
- 7 denuncias penales interpuestas ante las autoridades correspondientes.
- Miles de expedientes adicionales bajo supervisión del gabinete estatal.
Compromisos cumplidos con el magisterio
Más allá de las sanciones, la dependencia informó avances en la agenda laboral de los docentes:
- Pagos a Telebachilleratos: Tras gestiones con el Gobierno Federal, se liquidaron los adeudos pendientes con los maestros de este nivel.
- Basificación: Se mantiene una mesa de trabajo coordinada para atender las solicitudes de plazas definitivas conforme a derecho.
Con estas acciones, la administración estatal busca sentar un precedente de transparencia y rendición de cuentas, asegurando que los recursos y espacios del sector educativo se utilicen correctamente en beneficio de la comunidad escolar.
