En materia de seguridad pública y gobernabilidad, el mandatario estatal lidera las tendencias y la conversación ciudadana este 12 de noviembre al confirmar que la Federación ya colabora de manera directa en la supervisión del sistema penitenciario de Puebla, adelantando que en los próximos días se ejecutará el traslado de los internos señalados como responsables de redes de extorsión al interior del penal de San Miguel.
El anuncio da seguimiento puntual a los bloqueos viales ocurridos esta semana en la zona metropolitana y refuerza el control institucional sobre los centros de reinserción:
- Coordinación interinstitucional y mesa de atención: Armenta señaló que las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Gobernación (Segob) mantienen instalada una mesa permanente para escuchar y atender las denuncias reales de familiares de personas privadas de la libertad, garantizando que cualquier irregularidad o abuso atribuido a funcionarios o internos será sancionado.
- Reubicación de generadores de violencia: El Ejecutivo puntualizó que, tras las investigaciones derivadas de las protestas en siete puntos metropolitanos —donde denunció previamente que se pagaron 400 pesos a manifestantes y participaron sujetos armados—, se procederá al traslado de los reclusos identificados como líderes de cobros ilegales.
- Respaldo federal: El gobernador agradeció el acompañamiento de las instancias federales de seguridad para depurar la operación interna de los centros penitenciarios poblanos sin ceder a presiones de grupos externos.
