El conflicto político y financiero en torno al Instituto Nacional Electoral (INE) alcanza su punto de máxima confrontación este sábado 31 de octubre. Luego de que se revelaran observaciones sobre presuntos esquemas monopólicos y licitaciones millonarias en contratos de material electoral y credenciales, el vicecoordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados fijó una postura contundente al exigir sanciones penales directas y cárcel para los responsables de las irregularidades administrativas.
La exigencia parlamentaria se acompaña de la propuesta presidencial para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) desglosen auditorías integrales a los convenios adjudicados tanto al interior del instituto como en los Organismos Públicos Locales (OPLE), impulsando que Talleres Gráficos de México concentre las contrataciones oficiales para frenar intermediarios. Por su parte, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que se trata de un linchamiento político coordinado para erosionar la credibilidad del árbitro electoral y allanar el camino hacia una reforma que vulnere la imparcialidad de los próximos comicios. El cruce de declaraciones se mantiene en el primer lugar de la discusión política en medios nacionales y redes sociales.
