La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo de manera oficial la investigación tras concretarse uno de los aseguramientos de hidrocarburo ilícito más cuantiosos en la historia reciente del país. El operativo, coordinado por fuerzas federales y de seguridad nacional en territorio guanajuatense, derivó en la incautación de más de 59 millones de litros de combustible almacenados en centros de acopio clandestinos, así como la inmovilización de decenas de autotanques y maquinaria de trasvase vinculadas a redes financieras del huachicol.
El caso escaló a la cima de la conversación pública nacional debido a sus implicaciones de seguridad y política económica:
- Desmantelamiento de estructura logística: Autoridades federales señalaron que el volumen asegurado revela esquemas industriales de robo y comercialización en el mercado negro que operaban con complicidades en corredores logísticos y fiscales.
- Seguimiento a la ruta del dinero: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FEMDO iniciaron el bloqueo masivo de cuentas bancarias de empresas fachada y concesionarias ligadas a la red de distribución para golpear el patrimonio de los grupos delictivos.
- Debate en el Congreso: En el Poder Legislativo se reavivó la discusión sobre endurecer la fiscalización a distribuidores privados y reforzar los controles aduaneros para frenar el ingreso y transporte irregular de hidrocarburos a nivel nacional.
