El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, enfrenta nuevas acusaciones dentro de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con el caso.
De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía, Aguirre habría ordenado la destrucción de material que podía aportar información sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Entre las evidencias señaladas se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad que registraron parte de los acontecimientos en Iguala.
La acusación forma parte de las nuevas investigaciones que llevaron a la detención del exmandatario guerrerense. Posteriormente, un juez determinó imponerle prisión preventiva, mientras continúa el proceso para determinar su posible responsabilidad en los hechos.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de autoridades estatales durante las primeras horas posteriores a la desaparición de los normalistas. La investigación busca determinar quiénes participaron en la pérdida, manipulación u ocultamiento de información que pudiera contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con los estudiantes.
La FGR sostiene que la destrucción de evidencias habría formado parte de una operación para obstaculizar las investigaciones. Sin embargo, las acusaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial y Aguirre mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la investigación continúa incorporando nuevos elementos y posibles responsables, mientras las familias mantienen la exigencia de conocer plenamente qué ocurrió con sus hijos y de que quienes resulten responsables sean llevados ante la justicia.
