El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma integral para fortalecer el combate al huachicol fiscal, las empresas factureras y otros esquemas de corrupción que afectan las finanzas públicas. La propuesta busca modernizar el marco legal e institucional para cerrar espacios a la evasión fiscal, el contrabando de combustibles y el uso de operaciones simuladas, considerados dos de los principales mecanismos de fraude en el país.
La reforma contempla una reestructuración del Sistema Nacional Anticorrupción, un mayor intercambio de información entre dependencias federales y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización, auditoría e investigación. Asimismo, plantea endurecer las sanciones contra quienes participen en redes de facturación falsa o en esquemas de comercialización ilegal de combustibles, además de ampliar el uso de herramientas como la extinción de dominio en casos de delincuencia fiscal organizada.
Las autoridades señalaron que el combate al huachicol fiscal ya ha incluido nuevas medidas administrativas, como la implementación del Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos dentro del CFDI, con el propósito de mejorar la trazabilidad de los combustibles y dificultar el contrabando técnico. Esta estrategia involucra al SAT, la Secretaría de Energía y otras instituciones federales.
Durante sus conferencias matutinas, Sheinbaum ha sostenido que su administración ha reforzado la vigilancia en aduanas, incrementado las investigaciones de la Fiscalía General de la República y fortalecido la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para desarticular las redes vinculadas al mercado ilícito de combustibles. La mandataria ha asegurado que estas acciones ya muestran resultados en la reducción del contrabando y en el aumento de las ventas legales de combustibles.
Con esta iniciativa, el Gobierno federal busca consolidar una política anticorrupción enfocada en desmantelar las estructuras financieras que facilitan el fraude fiscal y el desvío de recursos públicos. La propuesta deberá ser discutida en el Congreso de la Unión durante el próximo periodo de sesiones, donde se espera un amplio debate sobre el alcance de las nuevas facultades para combatir estos delitos.
