La Fiscalía General del Estado de Veracruz señaló al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano, como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste. Como parte de la investigación, la dependencia solicitó al Congreso local el desafuero del edil para poder proceder penalmente en su contra.
De acuerdo con las indagatorias, el crimen habría sido ordenado después de que el alcalde supuestamente tuvo conocimiento de que la comunicadora poseía una fotografía en la que aparecía portando un arma de uso exclusivo del Ejército. La Fiscalía sostiene que integrantes del grupo criminal Grupo Sombra y policías municipales participaron en el secuestro, interrogatorio, asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo de la periodista.
Hasta el momento, las autoridades han informado sobre la detención y vinculación a proceso de ocho personas relacionadas con el caso, entre ellas presuntos integrantes de la organización delictiva y elementos de la policía municipal. Paralelamente, el Congreso de Veracruz inició el procedimiento para determinar si retira el fuero constitucional al alcalde, quien tendrá la oportunidad de presentar su defensa conforme al proceso legal.
El caso ha generado una fuerte reacción entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del gremio periodístico, que han exigido una investigación exhaustiva para identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen. La investigación también ha reavivado la preocupación por la violencia que enfrentan periodistas en Veracruz y por los presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos del crimen organizado.
Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía de Veracruz aseguró que continuará integrando pruebas para esclarecer plenamente los hechos y fincar responsabilidades. El caso de Roxana Guzmán se suma a una serie de agresiones contra periodistas registradas en el país durante 2026, reforzando el llamado de organismos nacionales e internacionales para garantizar la protección de quienes ejercen el periodismo en México.
