La violencia contra presidentes municipales en México ha generado una creciente preocupación entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles, luego de que se confirmara el asesinato de 14 alcaldes desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024. Los ataques evidencian la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente a la presencia del crimen organizado y la limitada capacidad de protección en algunos municipios.
El caso más reciente fue el del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado a balazos dentro de las instalaciones del Ayuntamiento. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el crimen es investigado bajo distintas líneas, entre ellas posibles conflictos con grupos delictivos que operan en la región.
De acuerdo con registros periodísticos, durante los últimos diez años fueron asesinados 59 presidentes municipales en el país. Los periodos electorales han concentrado algunos de los niveles más altos de violencia, como ocurrió en 2018, cuando se contabilizaron 12 homicidios de alcaldes, y en 2024, con ocho casos.
Especialistas advierten que los ataques contra autoridades municipales suelen estar relacionados con el interés de organizaciones criminales por controlar recursos públicos, cuerpos policiales, permisos, obras y decisiones administrativas. Los municipios pequeños enfrentan mayores riesgos debido a que cuentan con presupuestos limitados, corporaciones de seguridad reducidas y escasos mecanismos de inteligencia y protección institucional.
La preocupación aumenta ante la proximidad del proceso electoral de 2027, pues organizaciones civiles han alertado que la violencia política podría intensificarse conforme comiencen las disputas por candidaturas y gobiernos municipales. Durante 2026 también se han documentado decenas de agresiones contra alcaldes, exalcaldes, funcionarios, dirigentes partidistas y otros actores políticos en distintas entidades del país.
Ante este panorama, especialistas y representantes políticos han solicitado reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, crear protocolos de protección para autoridades amenazadas y fortalecer a las policías municipales. El desafío, señalan, no solo consiste en esclarecer los ataques, sino también en evitar que los grupos criminales amplíen su influencia sobre las instituciones locales.
