Un juez federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal. El exmandatario permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras continúa el proceso judicial.
La medida cautelar también fue impuesta a otras siete personas relacionadas con la investigación. La Fiscalía General de la República atribuye a los acusados posibles delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, derivados de una indagatoria desarrollada durante aproximadamente un año.
El caso se encuentra relacionado con la empresa Ingemar, de la cual Ruffo era accionista. De acuerdo con las investigaciones, la compañía estaría vinculada con el aseguramiento de aproximadamente 15.5 millones de litros de combustible y 129 autotanques en Coahuila durante 2025.
Ruffo Appel, quien gobernó Baja California y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición en derrotar al PRI en varias décadas, ha rechazado las acusaciones y sostiene que su participación en la empresa era minoritaria. Su defensa deberá presentar pruebas durante las siguientes etapas del procedimiento para buscar que se modifique su situación jurídica.
La detención y el encarcelamiento preventivo del exgobernador provocaron reacciones políticas. Integrantes del PAN denunciaron una posible persecución, mientras que representantes del oficialismo señalaron que el proceso forma parte de las investigaciones contra el contrabando de combustible y la corrupción en las aduanas del país.
