La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha generado un fuerte impacto en el panorama político mexicano. Considerado una figura histórica de la oposición por haber sido el primer gobernador emanado del PAN en derrotar al PRI en una elección estatal, su captura ha provocado un amplio debate sobre el alcance de las investigaciones por el llamado “huachicol fiscal”.
La Fiscalía General de la República acusa a Ruffo de presuntos vínculos con una red de contrabando de combustibles y delincuencia organizada, dentro de una investigación que, según las autoridades, se ha desarrollado durante más de un año y contempla a 25 personas y diversas empresas relacionadas con la importación ilegal de hidrocarburos.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el caso responda a una persecución política y aseguró que las investigaciones se sustentan en pruebas y que corresponderá al Poder Judicial determinar las responsabilidades. Además, adelantó que podrían registrarse nuevas detenciones conforme avancen las indagatorias.
En contraste, dirigentes del PAN y otras voces de la oposición han cuestionado la actuación de las autoridades, al considerar que existe un trato diferenciado frente a casos que involucran a funcionarios cercanos al oficialismo. La detención de Ruffo ha intensificado el debate nacional sobre la imparcialidad de la justicia y el combate a la corrupción, convirtiéndose en uno de los temas políticos de mayor relevancia en los últimos días.
