Por Redacción, Mayo 26, 2026
Sheinbaum defiende postura ante TV Azteca: “Es opinión, no censura” y plantea revisar el origen de sus recursos
CIUDAD DE MÉXICO. — La presidenta Claudia Sheinbaum atajó la polémica generada tras sus declaraciones sobre TV Azteca, asegurando que sugerir a la ciudadanía no sintonizar dicha planta televisiva constituye una postura personal y política, mas no un acto de censura institucional.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria marcó distancia con los métodos de administraciones pasadas, afirmando que bajo su gestión no se utiliza el aparato del Estado para silenciar voces ni alterar líneas editoriales.
“Cuando digo: ‘No vean una televisora’, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar”, puntualizó Sheinbaum, revirando a los señalamientos de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, que previamente acusó una campaña de veto mediático desde el Ejecutivo.
De la réplica política a la propuesta de investigación
El desencuentro escaló luego de que la presidenta cuestionara la cobertura de la televisora en torno a las recientes publicaciones de agencias estadounidenses que vinculan a funcionarios federales con grupos delictivos en Sinaloa. Al respecto, Sheinbaum acusó que el medio de comunicación abandonó el ejercicio informativo para “hacer política”.
Sin embargo, el punto central de la jornada derivó en el terreno financiero e histórico. Al ser cuestionada sobre las condiciones en que la televisora fue adquirida en la década de los noventa, la titular del Ejecutivo no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) revise los expedientes de origen de dichos fondos, aludiendo a los antiguos vínculos financieros con Raúl Salinas de Gortari.
- Línea del Gobierno: Defensa del derecho de réplica y reducción del gasto en publicidad oficial.
- Señalamiento: Crítica a las resoluciones judiciales del pasado que devolvieron bienes e ingresos bajo sospecha a exfuncionarios y sus familiares.
- Postura Editorial Libre: La mandataria reiteró que los analistas y programas de la empresa pueden seguir expresándose sin limitantes legales ni presiones directas.
Con este posicionamiento, la administración federal ratifica que mantendrá el debate abierto y directo con los consorcios de comunicación, apostando a que el respaldo de la opinión pública contrarreste lo que consideran campañas de desprestigio.
