Por Redacción, Mayo 21, 2026
CIUDAD DE MÉXICO. — El gobierno federal busca cerrar el paso a la infiltración de la delincuencia organizada en las boletas electorales. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció el envío de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear un mecanismo de control y revisión de perfiles de cara a los comicios intermedios de 2027.
La propuesta, presentada durante la conferencia matutina de este jueves, será remitida inicialmente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Su objetivo central es dotar a los partidos políticos de herramientas de verificación antes de que oficialicen a sus abanderados para cargos federales y locales.
Un nuevo árbitro de integridad ajeno al INE
La pieza clave de esta reforma es la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Aunque operaría de manera independiente al Instituto Nacional Electoral (INE), su estructura estaría conformada por cinco consejeros electos por el propio Consejo General del instituto, quienes ejercerían el cargo por un periodo de tres años.
Esta nueva comisión funcionará como un puente de comunicación confidencial entre las fuerzas políticas y el aparato de seguridad del Estado.
¿Cómo operará el blindaje de perfiles?
El modelo de fiscalización propuesto se basa en la cooperación voluntaria de los partidos y la consulta directa a las principales instituciones de inteligencia del país:
- Instituciones consultadas: El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- El criterio del “Riesgo Razonable”: Los partidos políticos podrán someter de forma voluntaria las listas de sus aspirantes a revisión. Las dependencias federales evaluarán si el perfil representa un “riesgo razonable” por presuntos nexos con la delincuencia.
- Alertas, no expedientes: Para proteger el debido proceso y no vulnerar indagatorias en curso, las autoridades no entregarán copias de carpetas de investigación. El mecanismo se limitará a emitir alertas específicas a la Comisión, detallando qué institución detectó la anomalía.
- Obligatoriedad para aspirantes: Aunque la consulta es optativa para los partidos, la iniciativa dicta que cualquier ciudadano que busque una postulación deberá firmar un consentimiento obligatorio para ser evaluado por este filtro de seguridad.
Al final del proceso, la Comisión notificará el veredicto a los partidos políticos, dejando en sus manos la decisión final de mantener la postulación o retirar al aspirante de la contienda. El proyecto subraya que todo el procedimiento se mantendrá bajo un estricto régimen de confidencialidad y reserva de información.
