Por Redacción, Mayo 20, 2026
MIAMI, Florida. — El Estado mexicano anotó un triunfo definitivo en las cortes estadounidenses. Un tribunal civil con sede en Miami dictó una sentencia condenatoria que obliga a la familia Weinberg y a su entramado empresarial a pagar 578.5 millones de dólares al gobierno de México, como reparación por los daños patrimoniales vinculados a la red de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el litigio demostró de forma contundente cómo este grupo de personas y empresas operó para obtener contratos públicos de manera ilícita, para posteriormente dispersar y ocultar los recursos financieros. La demanda civil se sostuvo gracias a un robusto expediente que incluyó rastreos financieros internacionales, testimonios y herramientas de cooperación jurídica bilateral.
Las claves del desfalco y la bolsa total
El golpe financiero a la estructura del exfuncionario federal no es un hecho aislado, sino la consolidación de una estrategia legal de largo alcance:
- La nueva condena: 578.5 millones de dólares directos a la familia Weinberg y sus firmas.
- El antecedente inmediato: En mayo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había obtenido un fallo previo contra García Luna y su esposa por más de 2 mil 448 millones de dólares.
- El acumulado histórico: Con esta nueva resolución, el monto total que los tribunales de EE. UU. ordenan devolver a México asciende a más de 3 mil 067 millones de dólares.
¿Cómo se cobrará el dinero?
A diferencia de otros litigios, la ejecución de esta sentencia no se limitará a transferencias bancarias en efectivo. Las autoridades mexicanas precisaron que se alcanzó un acuerdo para tomar el control de activos tangibles.
Mecanismo de cobro: Los sancionados deberán entregar una serie de propiedades y bienes identificados en diversas jurisdicciones, los cuales serán liquidados para cubrir de forma parcial y progresiva el total de la millonaria deuda.
La UIF confirmó que mantendrá el seguimiento técnico y legal, en coordinación con agencias internacionales, para garantizar que cada propiedad y dólar sentenciado sea reintegrado formalmente al patrimonio público mexicano.
