Por Redacción, Mayo 15, 2026
Culiacán, Sinaloa. El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades de los Estados Unidos en el estado de Arizona, desde donde fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por presuntos vínculos con el crimen organizado.
A pesar de las versiones iniciales que apuntaban a una captura, reportes del ámbito de la seguridad confirmaron que el exfuncionario optó por ponerse a disposición de la justicia estadounidense el pasado 11 de mayo. Esta acción ocurre semanas después de que, el 23 de abril, el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York formalizara una acusación en su contra junto a otras nueve personas, un grupo en el que también ha sido vinculado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Red de protección a “Los Chapitos”
De acuerdo con los expedientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Mérida Sánchez está acusado de recibir sobornos mensuales en efectivo por un monto superior a los 100,000 dólares. Los pagos habrían sido efectuados por la facción del cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, activa durante su gestión al frente de la seguridad del estado entre 2023 y su renuncia en 2024.
A cambio de estas sumas de dinero, el exsecretario presuntamente garantizaba impunidad operativa al omitir el arresto de integrantes de dicha organización criminal. Asimismo, la fiscalía estadounidense señala que el militar en retiro alertó de manera anticipada sobre al menos 10 operativos y redadas programadas contra laboratorios de sustancias ilícitas. Este aviso previo permitía de forma sistemática el desmantelamiento de los sitios, así como la evacuación del personal y de los cargamentos antes de la llegada de las fuerzas del orden.
Exigen investigar su pasado militar en Puebla
El impacto de las acusaciones contra Mérida Sánchez ya trascendió las fronteras de Sinaloa. En el estado de Puebla, la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) interpuso denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las instancias políticas exigen una revisión exhaustiva y auditorías internas sobre el desempeño de Mérida Sánchez durante el periodo en que fungió como comandante de la XXV Zona Militar en territorio poblano. La solicitud busca determinar si existieron omisiones, protección o colusión con grupos delictivos locales durante su encargo en dicha región, además de examinar su historial institucional, que incluye la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia de las fuerzas armadas.
