Por Redacción, Mayo 14, 2026
CHILAPA, GUERRERO. – Tras semanas de incertidumbre, las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en el municipio de Chilapa de Álvarez han iniciado formalmente su retorno. El operativo de reasentamiento cuenta con el acompañamiento directo del Gobierno de México y la administración estatal de Guerrero.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó el inicio de este proceso luego de realizar una gira de supervisión en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, zonas que han servido de refugio para los afectados por la violencia en la región.
Estrategia de pacificación: Diálogo y presencia militar
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación y la gobernadora Evelyn Salgado encabezaron mesas de trabajo con los habitantes. El eje central de la estrategia se basa en sustituir el conflicto por la concertación.
“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo y la presencia responsable del Estado”, afirmó Rodríguez.
Para garantizar que este retorno sea permanente y seguro, las autoridades anunciaron tres acciones inmediatas:
- Corredor Seguro: Una ruta vigilada para asegurar el abasto de víveres, atención médica y servicios básicos.
- Bases de Operaciones: Se reactivarán puntos de vigilancia interinstitucional con elementos de la SEDENA, Guardia Nacional y cuerpos estatales.
- Mesa de Diálogo Permanente: Un foro de negociación entre comisarios ejidales y autoridades para dirimir conflictos territoriales y sociales.
Blindaje social en la zona
El plan de recuperación no se limita a la seguridad pública. A partir de la próxima semana, brigadas de bienestar se desplegarán en las comunidades para facilitar trámites y acceso a programas sociales. Además, se confirmó la llegada del Tianguis del Bienestar, buscando reactivar la economía local y dignificar las condiciones de vida de las familias retornadas.
En el despliegue participaron altos mandos militares de la Novena Región Militar y la Octava Región Naval, así como representantes de Derechos Humanos, con el fin de vigilar que el proceso se realice bajo los estándares de protección civil y respeto a la integridad ciudadana.
