Por Redacción, Abril 17, 2026
CIUDAD DE MÉXICO. – En un movimiento clave para el fortalecimiento del sistema judicial en la entidad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, formalizó la adhesión del estado al Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.
Durante la presentación encabezada por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, el mandatario estatal subrayó que este proyecto nacional busca transformar la impartición de justicia en un derecho accesible para todos, alineándose directamente con la estrategia de seguridad que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un modelo basado en inteligencia y ciencia
El nuevo esquema de trabajo propone una transición hacia un modelo integral de investigación. Los pilares de esta estrategia incluyen:
- Uso de inteligencia estratégica: Aplicación de tecnología y análisis de datos para la persecución del delito.
- Investigación científica: Fortalecimiento de las pruebas periciales y el trabajo multidisciplinario.
- Atención prioritaria: Foco central en la reparación del daño y el trato digno a las víctimas.
- Desarticulación criminal: Creación de equipos especializados para desmantelar estructuras delictivas de alto impacto.
Fortalecimiento institucional en Puebla
Tras el anuncio, el gobernador Armenta Mier reafirmó que la justicia no debe ser un privilegio, sino una garantía social. En este sentido, instruyó a la Consejería Jurídica del Estado, encabezada por Raúl Pineda Zárate, a realizar un análisis técnico sobre la operatividad de la delegación de la Fiscalía General de la República en Puebla.
El objetivo de esta revisión es optimizar la integración entre niveles de gobierno, mejorar la profesionalización del personal y garantizar que el presupuesto se ejerza de manera eficiente en las áreas sustantivas de investigación.
Alcance y coordinación
El plan nacional contempla una presencia operativa en 154 ciudades del país, con especial énfasis en 61 municipios prioritarios donde se busca reducir los índices de impunidad mediante protocolos homologados entre las fiscalías estatales y la federal.
Con esta alianza, el Gobierno de Puebla busca consolidar una justicia más humana y eficaz, orientada a preservar los derechos humanos y garantizar la paz social en beneficio de las y los ciudadanos del estado.
