Por Redacción, Abril 17, 2026
WASHINGTON, D.C. — El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó que la actual reforma para la elección de jueces en México representa un punto de atención prioritaria para la administración de Donald Trump, vinculando directamente la confianza en el sistema legal con la llegada de capitales extranjeros al país.
Durante una comparecencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, Michael Kozak, integrante de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló que estas inquietudes han sido comunicadas formalmente al gobierno mexicano en diversas mesas de diálogo.
Certeza jurídica y perfiles calificados
Aunque el funcionario reconoció que la elección de juzgadores mediante el voto popular no transgrede por sí misma el Estado de derecho —argumentando que es un modelo que incluso se aplica en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos—, subrayó que el éxito del sistema depende estrictamente de la independencia y la alta calificación de quienes resulten electos.
El enfoque de la administración estadounidense se centra en garantizar que los tribunales no se conviertan en herramientas que puedan ser utilizadas de manera indebida contra los inversionistas, un temor que, según Kozak, es compartido por la comunidad empresarial de su país con operaciones en México.
Recomendaciones para el fortalecimiento institucional
Para que México mantenga su atractivo como destino de inversión, el funcionario sugirió la implementación de mecanismos que refuercen la credibilidad de las instituciones judiciales. Entre los puntos clave destacados en la audiencia se encuentran:
- Fortalecimiento de la confianza: Adoptar medidas dentro del marco legal vigente que aseguren procesos transparentes.
- Protección al inversionista: Evitar que el sistema judicial sea vulnerable a influencias que afecten la equidad en disputas comerciales.
- Monitoreo continuo: La situación se calificó como un “trabajo en progreso”, lo que implica un seguimiento cercano por parte de las autoridades norteamericanas conforme avance la implementación de la reforma.
Este pronunciamiento subraya la relevancia de la estabilidad jurídica como el eje central de la relación comercial bilateral, en un momento donde la relocalización de empresas y los acuerdos bajo el T-MEC exigen garantías de imparcialidad en la resolución de conflictos legales.
